12 de Abril de 2015
Según el último censo existen alrededor de 6 millones de personas que viven en esta situación
Inquilinos crean un frente nacional para defender sus derechos y evitar los abusos
Persiguen la actualización de la legislación en materia de alquileres, una mayor regulación de un mercado inmobiliario descontrolado que no contempla sus necesidades y quieren que se ponga la lupa en el déficit habitacional.
Unidad - Los representantes del Frente de Inquilinos Nacional pretenden llamar la atención ante esta situación de debilidad que soportan millones de personas - Foto: mariano espinosa
De acuerdo con el último censo nacional, unos 6 millones de argentinos viven en una propiedad alquilada. Y aunque se trata de un sector social considerable, hasta el momento careció de una herramienta política con la cual darle visibilidad a la gran cantidad de abusos que padece. Con el objetivo de revertir ese déficit, organizaciones de inquilinos desperdigadas en distintos puntos del país confluyeron días atrás en el "Frente de Inquilinos Nacional", una iniciativa que persigue la actualización de la legislación vigente en materia de alquileres, una mayor regulación sobre el mercado inmobiliario y la promoción de proyectos que mejoren las condiciones de los inquilinos.
"Hoy son tres las principales quejas de los inquilinos: las garantías; los altísimos costos para ingresar a una vivienda, que además son ilegales y en tercer lugar los arreglos de vivienda que siempre están a cargo del inquilino cuando el Código Civil dice lo contrario", explica Gervasio Nuñez, de ATE Inquilinos, una de las organizaciones que motorizó la conformación del Frente.
En la actualidad, el costo para ingresar a una propiedad llega a hasta casi cinco meses de alquiler: dos meses de comisión (más gastos de gestión, informes, sellados), un mes de depósito más otro de adelanto. "La legislación en la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2340, artículo 57) prohíbe explícitamente esa comisión que cobran las inmobiliarias, a las cuales sólo les asigna el 4,15% del contrato total; nadie regula y hoy los corredores cobran el doble de lo que deberían", agregó Nuñez. Así las cosas, una familia tipo que abona mensualmente un alquiler de $ 5000 necesita $ 25 mil para mudarse cada dos años, a lo que se debe agregar los aumentos semestrales que, de manera sumamente arbitraria, establecen los propietarios o las inmobiliarias, y que en la actualidad rondan el 15% o 20% semestral.
En ese escenario, el especialista consignó que programas como "Alquilar se Puede" recientemente lanzado por el gobierno porteño y que ofrece, entre otros beneficios, un préstamo personal del Banco Ciudad para solventar los gastos de entrada de alquiler, no hacen más que consolidar un marco donde el inquilino hace frente a cuestiones que están "fuera de la ley". "Alquilar se Puede hace que el inquilino, además de hacer frente al costo del alquiler, termine financiando la ilegalidad de las inmobiliarias, a una tasa del 19% que establece el Banco Ciudad", concluyó Nuñez, quien sostuvo que otro de los déficit pasa por la falta de un ámbito institucional donde llevar las quejas y hacer valer los derechos.
En los últimos años surgieron desde el Congreso unos 60 proyectos de ley destinados a promover una mayor regulación sobre los alquileres, ninguno de ellos prosperó. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde los últimos datos hablan de un salto de 800 mil a 1,2 millones de inquilinos desde el último censo, no hay registro de ningún proyecto de reforma que haya sido tratado por la comisión de viviendas de la Legislatura.
Además de ATE inquilinos –gremio que nivel nacional responde a Pablo Micheli pero que en Capital está alineado con el kirchenerismo–, participan del Frente la Asociación Platense de Inquilinos, la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego, de Rosario, de Río Negro, Neuquén y la Unión Argentina de Inquilinos.
Desde las organizaciones que defienden los intereses de los inquilinos sostienen la necesidad de reformar la ley de alquileres vigente desde 1985 al quedar desactualizada ante los cambios que atravesó el mercado de la vivienda y el mayor valor que adquirió la tierra desde 2003. "La idea es que deje de ser una ley escueta y sea una cuya filosofía esté enmarcada dentro de la función social de la vivienda. Y que entonces el inquilino, cuando se sienta a firmar un contrato, firme un contrato por una vivienda –un derecho básico– y no un contrato comercial entre privados", concluyó Nuñez.
"Hoy son tres las principales quejas de los inquilinos: las garantías; los altísimos costos para ingresar a una vivienda, que además son ilegales y en tercer lugar los arreglos de vivienda que siempre están a cargo del inquilino cuando el Código Civil dice lo contrario", explica Gervasio Nuñez, de ATE Inquilinos, una de las organizaciones que motorizó la conformación del Frente.
En la actualidad, el costo para ingresar a una propiedad llega a hasta casi cinco meses de alquiler: dos meses de comisión (más gastos de gestión, informes, sellados), un mes de depósito más otro de adelanto. "La legislación en la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2340, artículo 57) prohíbe explícitamente esa comisión que cobran las inmobiliarias, a las cuales sólo les asigna el 4,15% del contrato total; nadie regula y hoy los corredores cobran el doble de lo que deberían", agregó Nuñez. Así las cosas, una familia tipo que abona mensualmente un alquiler de $ 5000 necesita $ 25 mil para mudarse cada dos años, a lo que se debe agregar los aumentos semestrales que, de manera sumamente arbitraria, establecen los propietarios o las inmobiliarias, y que en la actualidad rondan el 15% o 20% semestral.
En ese escenario, el especialista consignó que programas como "Alquilar se Puede" recientemente lanzado por el gobierno porteño y que ofrece, entre otros beneficios, un préstamo personal del Banco Ciudad para solventar los gastos de entrada de alquiler, no hacen más que consolidar un marco donde el inquilino hace frente a cuestiones que están "fuera de la ley". "Alquilar se Puede hace que el inquilino, además de hacer frente al costo del alquiler, termine financiando la ilegalidad de las inmobiliarias, a una tasa del 19% que establece el Banco Ciudad", concluyó Nuñez, quien sostuvo que otro de los déficit pasa por la falta de un ámbito institucional donde llevar las quejas y hacer valer los derechos.
En los últimos años surgieron desde el Congreso unos 60 proyectos de ley destinados a promover una mayor regulación sobre los alquileres, ninguno de ellos prosperó. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde los últimos datos hablan de un salto de 800 mil a 1,2 millones de inquilinos desde el último censo, no hay registro de ningún proyecto de reforma que haya sido tratado por la comisión de viviendas de la Legislatura.
Además de ATE inquilinos –gremio que nivel nacional responde a Pablo Micheli pero que en Capital está alineado con el kirchenerismo–, participan del Frente la Asociación Platense de Inquilinos, la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego, de Rosario, de Río Negro, Neuquén y la Unión Argentina de Inquilinos.
Desde las organizaciones que defienden los intereses de los inquilinos sostienen la necesidad de reformar la ley de alquileres vigente desde 1985 al quedar desactualizada ante los cambios que atravesó el mercado de la vivienda y el mayor valor que adquirió la tierra desde 2003. "La idea es que deje de ser una ley escueta y sea una cuya filosofía esté enmarcada dentro de la función social de la vivienda. Y que entonces el inquilino, cuando se sienta a firmar un contrato, firme un contrato por una vivienda –un derecho básico– y no un contrato comercial entre privados", concluyó Nuñez.
Fuente: Tiempo Argentino
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